Profesor Dr. José Vicente Gómez Bayarri
Académico de la Real Academia de Cultura Valenciana
El Diario LAS PROVINCIAS publicó que el jurado del premio Jaume d’Urgell del año 2017 de la ciudad catalana de Balaguer ha sido otorgado al Conseller de Cultura y Educació de la Generalitat Valenciana Vicent Marzá, “ex aequo” con la editorial leridana Pagés Editors. No debemos sorprendernos que le hayan concedido tal galardón cuando son expuestos los motivos: “la labor para restablecer las relaciones culturales del País Valenciano con Catalunya y los Països Catalans”. Creemos que no necesita comentario alguno. Más claro el agua.
Algún lector se preguntará ¿qué simboliza y qué significado tiene este reconocimiento y por qué lleva el nombre de la población leridana de Balaguer?
Para ello debemos acudir a la Historia y más concretamente a la decisión tomada en el Compromiso de Caspe.
El cronista aragonés Jerónimo Zurita sintetizó el sentir de la sentencia dada por los compromisarios reunidos en Caspe para elegir rey de la Corona de Aragón a la muerte de Martín I el Humano: “Fue muy celebrada generalmente en Aragón la fiesta de esta declaración, y en Valencia no tanto y mucho menos en Cataluña”.
La elección de Fernando de Antequera en el Compromiso de Caspe fue mayoritariamente aceptada y produjo una sensación de alivio político en el seno de la Corona de Aragón. Apuntan el académico de la Real Academia de la Historia A. Selma y el profesor C. Laliena que salvo algunos nostálgicos del pasado, nadie en Aragón, Cataluña y Valencia se sintió frustrado con el resultado. Los escasos apoyos del conde de Urgell en su rebelión apuntan a que la sentencia de Caspe gozó de una aprobación general en virtud de la legitimidad derivada de los procedimientos legales y representativos adoptados.
Proclamado el veredicto, la reacción por parte de don Jaime, conde de Urgell, fue de indecisión. No aceptó que la solución contrariase lo que él consideraba sus legítimos derechos.
Fernando como rey de Aragón convocó en Zaragoza a los señores aragoneses para que lo reconocieran como rey y le juraran fidelidad. Jaime de Urgell, que poseía feudos y posesiones en Aragón, fue convocado y no se presentó. Más tarde, fue invitado a las Cortes a celebrar en Barcelona y tampoco asistió. Había tomado la decisión de no reconocer al Rey. A finales de 1412 ciertas escaramuzas presagiaban que una guerra estaba declarada. Jaime intenta apoderarse de Lérida, pero no lo consigue, y entonces se encierra en Balaguer, esperando que los gastos y molestias que suponía una guerra provocaran el levantamiento de los ciudadanos en armas contra el Monarca. Después de negociaciones y ante la situación desesperada y sin apoyos suficientes se entrega. La condesa Margarita, todavía, no había perdido la esperanza de ver proclamado rey a su hijo Jaime de Urgell. Pretendía, vanamente, entablar contactos con Francia, Inglaterra, Portugal y Castilla para lograr su propósito.
Su rebeldía provocó que se le incoara un proceso y la sentencia fue de condena, siendo conducido al castillo de Lérida. Los bienes de la familia condal fueron confiscados, los honores perdidos y la prisión perpetua. Posteriormente fue desterrado y en la prisión del castillo de Xàtiva pasó siete años, falleciendo en 1433.
Marzá no engaña. Sigue la estela de nuestros vecinos del norte. El discriminatorio modelo lingüístico que desea implantar es un ejemplo. La prensa valenciana publicaba el año pasado que el artículo 13 de la propuesta de la Constitución catalana, redactada por la plataforma “Constituïm”, ofrece dar su nacionalidad a los valencianos, por los nexos culturales y lingüísticos que tenemos con ellos. El nacionalismo catalán es obsesivo y manipulador histórico. Por eso, buscan unas quintas columnas valencianas para hacer realidad su sueño y su anhelo anticonstitucional, y lo encuentra en algunos políticos, en algunos movilizadores de masas y en sectores de ciudadanos.
Entre esos colaboracionistas se cuenta dos significados personajes, el músico Raimon y el escritor Joan Francesc Mira, encasillados entre los propagandistas de la quimera pancatalanista, que han sido galardonados con el premio de cultura que otorga el Consell Nacional de la Cultura i les Arts catalanes, y que también han sido bien compensados por el Consell Valencià por su labor en pros de la difusión del proyecto, al igual que otras entidades con un marcado cariz cultural y sociolingüístico y unos fines espurios.
En la Comunidad Valenciana existe un clamor de identidad propia entre sus habitantes, dispuestos a no consentir que nos priven de nuestra cultura, historia, lengua, costumbres y tradiciones, y del extraordinario legado secular del territorio del antiguo Reino de Valencia.
En el aspecto económico nos debemos congratular de las declaraciones que hizo el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig al afirmar que la lluvia inversora del Gobierno central en Cataluña para frenar la vía soberanista no debería repercutir en una merma de inversiones en la Comunidad Valenciana, y reclamó que éstas no se hagan a costa de la Comunitat, y delató el victimismo de un sector de catalanes. También la presidenta del PP valenciano ha sido reivindicativa y ha pedido que se repartan mejor los fondos del presupuesto nacional y que no seamos discriminados. Cabe resaltar que en el proyecto de Presupuestos del Estado de 2017, la Comunitat es la última autonomía de España en gasto “per capita”. Demográficamente representamos un 10,6% de población y nos han presupuestado sólo un 6,9% de las inversiones. Frente a los 405,4 euros asignados a Castilla y León, los 340,6 de Galicia, o los 156 de Madrid y los 155 de Cataluña, la Comunidad Valenciana solo está previsto que reciba 119,4 euros de inversión por habitante.
Todo el arco parlamentario de “Les Corts”, con distintos argumentos, han denunciado la discriminación que hemos sufrido durante años. No queremos que a los valencianos se nos traten por tertulianos y desde el Gobierno Central de lacrimógenos; exigimos justicia, y que el vigente modelo de financiación que fue aprobado por el PSOE hace años y que votó en contra el PP sea actualizado, y se reparta más equitativamente las inversiones y se corrija la desigualdad económica, casi endémica, que padecemos.