Luis Miguel Romero Villafranca. Académico de Número de la Real Academia de Cultura Valenciana 

 La Dirección General de Política Lingüística ha publicado un Proyecto de Orden que pretende crear un censo de entidades valencianistas, cuya necesidad  intenta justificar en el Preámbulo del Proyecto en “La situación actual de desconeixement del conjunt d’entitats que treballen pel foment del valenciá”;  motivación absolutamente ridícula pues todas esas entidades, asociaciones o fundaciones, tienen que estar ya, para su vigencia, inscritas en los propios Registros de la Generalitat; y algunas “desconocidas” como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana, son ya centenarias.

 Esto demuestra que la finalidad real que se persigue con ese pretendido censo de entidades, mo es otra que la de exigirles como requisito necesario para su inscripción al mismo que se sometan a la disciplina y normativa de la Academia Valenciana de la Lengua (en adelante AVL),  anunciando premiar con un trato fiscal favorable frente a las que no lo hagan.

Lo que obvia el Proyecto es que esa A.V.L. a la que exigen adhesión, ha quedado absolutamente deslegitimada, por traicionar su finalidad de defensa y promoción de la singularidad de la lengua valenciana frente a las otras del Estado, al firmar un Acuerdo en el verano de 2020 con el Institut d’Estudis Catalans y la Comissió Técnica de l’Universitat de les Illes Balears, proclamando la unidad de la lengua catalana, lo que así fue publicado por todos los Medios.

Ese Acuerdo que traiciona una importantísima seña de identidad de nuestro pueblo, vulnerando clarísimamente la legalidad vigente, sorprendentemente no sólo no ha sido combatido por nuestros poderes públicos que tienen la obligación de defenderla, sino que  se está protegiendo, exigiendo someterse al mismo hasta a las entidades particulares como se pretende con este nuevo Proyecto.

Este Acuerdo vergonzante de la A.V.L. ataca directamente no sólo nuestro Estatuto de Autonomía que proclama en su artº 7 la identidad de la lengua valenciana: “els dos idiomes oficials de la Comunidad Autónoma son el valenciá i el castellá. La Generalitat valenciana garantirá l’us normal y oficial de les dos llengües”;  sino incluso a la propia Ley de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua que le obliga ” a vetllar pel valenciá partint de la tradició lexicográfica, literaria i la realitat lingüística genuina valenciana” (article 3) “i defendre la seua denominació i entitat” (article 7 d); pudiendotambé tindre relacions horizontals amb les diverses entitats normatives de les altres llengües de l’Estat” (Article 9.2.) lo que aquí vuelve a vulnerarse con este Acuerdo que establece una relación de subordinación con el catalán, al que no considera otra lengua; recogiendo en el Preámbulo de la Ley el Dictamen del Consell Valencia de Cultura que proclama “Justament una llengua propia de cultura, el valencia en el nostre cas, viva al carrer i  reconeguda com a tal per la societat” 

Lo sorprendente es que pese a que esa evidente vulneración de la legalidad estatutaria que pervierte los fines para los que se creó la A.V.L. debería haber sido recurrida y eliminada por nuestros poderes públicos, como obliga el Artº 7 del Estatuto, en lugar de ello, nuestros poderes públicos no sólo han guardado un ominoso silencio sobre ese Acuerdo ilegal, sino que encima lo pretenden apoyar con este Proyecto de censo, al igual que, al servicio de esa entelequia de los Paisos Catalans con la imposición del “una sola lengua-un mismo país”,  lo están haciendo también exigiendo a las entidades culturales una Declaración Responsable de sometimiento a la A.V.L. premiando con generosidad a las que con su adhesión aceptan el catalán, y negándoselas a las que por no aceptarlo, se ven obligadas en esta Declaración a recurrir al uso del castellano.

Esta diferencia de trato entre entidades “leales”: las sometidas a la A.V.L. que aceptan el catalán, ( a las que el Proyecto de censo ya les anuncia los beneficios de deducciones fiscales), y las que, amparándose en la Constitución y nuestro Estatuto, y por defender la singularidad de la lengua valenciana, se ven obligados a elegir el castellano como lengua vehicular en su Declaración Responsable, supone un trato discriminatorio que ha sido reiteradamente declarada como inconstitucional tanto por el Tribunal Supremo cuanto por el Constitucional cuando establecen que Sólo no es inconstitucional el precepto si no excluye la posibilidad de que el castellano fuera también lengua vehicular” T.C. 4-7-2017; , evitando que un uso excluyente pueda convertirse en separación con causa idiomática. Sólo interpretado de este modo no se opone a la Constitución T.C. 23-12-94, entre otras muchas. 

Todo lo expuesto, yi considerando que el delito de prevaricación del artº 404 del Codigo Penal sanciona a la autoridad que dicte a sabiendas una resolución injusta de acuerdo con nuestra legalidad, me lleva a plantear las dos cuestiones que enunciaba en  este artículo: 1ª.- ¿ prevarica la A.V.L. al infringir a sabiendas  con el acuerdo de proclamación del catalán como lengua unitaria con Cataluña y Baleares, en contra de la finalidad para la que se creó, y de la clarísima normativa que proclama la singularidad histórica de la lengua valenciana frente a las otras lenguas del Estado? ; y 2ª.- ¿ son cómplices de ello nuestros poderes públicos que no solo no combaten ese Acuerdo, sino que exigen a las entidades públicas y privadas someterse al mismo?  

                Dejo al lector la respuesta a esos interrogantes  

Leave a Reply